Desde el punto de vista de la financiación, el mercado de la eficiencia energética en el que se encuadran las nuevas fórmulas y tecnologías de iluminación está en un momento ciertamente dulce, según un interesante artículo publicado en el último número de ElectroNoticias.

Sin embargo, para llegar a esta situación ha tenido que producirse una verdadera ‘tormenta perfecta’ durante la última década. Por un lado, el creciente interés de la sociedad por el cambio climático y sus consecuencias. Estas son cada vez más evidentes, a pesar de la presión de oscuros grupos negacionistas, por lo que la contestación social se ha reducido considerablemente.

El cambio en el estado de opinión ha calado también en el mundo financiero.

Si hace apenas una década era muy difícil encontrar grandes instituciones financieras, fondos de inversión e incluso banca tradicional dispuesta a arriesgarse en proyectos de eficiencia energética, hoy día eso ha cambiado.

Ahora, estas instituciones están creando lo que denominan una ‘taxonomía verde’. Es decir, un conjunto de herramientas para identificar cuáles son de verdad proyectos de sostenibilidad reales, con el objetivo de asegurar la viabilidad de su inversión.

A esto se ha unido la covid, que ha traído una profunda reflexión sobre el trabajo, la economía y, en general, nuestra vida y hacia dónde nos lleva lo que estamos haciendo. En definitiva, hacia dónde nos encaminan las políticas que se han aplicado hasta ahora.

Un cuarto componente de esta ‘tormenta perfecta’ es, para desgracia de todos, la guerra de Ucrania. Esta ha puesto negro sobre blanco la insostenible dependencia energética de Europa, así como la necesidad imperiosa de reducirla lo más rápidamente posible.

Un tsunami de dinero público

Es cierto que el programa ‘Next Generation EU’ es especialmente cuantioso, pero nuestro país lleva muchos años recibiendo fondos que gestiona la Comisión Europea en periodos de siete años. 

Ahora estamos en el de 2021-2027, que trae nada menos que 43.000 millones de euros, mientras que el anterior —2014 a 2020— nos aportó 39.000 millones que se invirtieron en los famosos FEDER, entre otras iniciativas.

Pero después de la crisis provocada por la pandemia, Europa se plantea la necesidad de crear un instrumento ‘adicional y temporal’ totalmente nuevo: los fondos Next Generation EU, que por primera vez en la historia se han respaldado mancomunadamente por el conjunto de los países de la Unión.

La dotación total para España que interesa a las empresas de nuestros sectores se encuadra dentro del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, y alcanza unos 150.000 millones de euros.

De este total, unos 81.000 millones de euros se tramitarán a través de subvenciones y el resto mediante préstamos.

La cruz de tal avalancha de financiación pública es que va a hacer difícil encontrar suficientes proyectos en los que invertir, incluso teniendo en cuenta que no solo se trata de generación, eficiencia energética o iluminación sostenible, sino también de la mejora y desarrollo de procesos industriales de todo tipo, la renovación del sector terciario, de la construcción y rehabilitación de edificios...

Lo que sí está claro es que tenemos todas las herramientas para un presente y un futuro a corto plazo muy fructífero para el sector eléctrico.

Ahora, la ‘letra pequeña’

Pero a partir de este punto comienzan los matices. Uno de estos es quién aplicará el reparto de los fondos. Al tratarse de dinero público, son muchos los actores que intervendrán en su distribución. 

Por supuesto, la Administración Central se reserva en torno al 50%; el resto será gestionado por comunidades autónomas y entidades locales como ayuntamientos o diputaciones, pero también por organismos especializados dependientes de cualquiera de ellas. Tal concurrencia de instituciones supone ya un quebradero de cabeza para cualquier empresa en busca de ayudas.

Un matiz a tener en cuenta es que cuando hablamos de ayudas o subvenciones, con mucha frecuencia hay que utilizar la palabra ‘cofinanciación’.

Es decir, independientemente de la procedencia de los fondos, cada convocatoria definirá si el dinero aportado al proyecto será el 100% de su coste o solo una parte, dejando así que las empresas o beneficiarios financien el resto por su cuenta.

Pero una vez salvados los primeros escollos de la captación de fondos y conseguido el dinero, no se acaba el trabajo. Ni mucho menos. La gestión del proyecto debe hacerse generando una pista de auditoría que evidencie todo lo que se hace.

Debe tenerse en cuenta que puede haber hasta una decena de organismos diferentes que podrían auditar el proyecto y que pueden ‘descertificar’ los conceptos elegibles que se han utilizado para pedir los fondos.

Puede darse el caso de que tengamos que devolver el dinero si se considera que no se utilizó para el objetivo que se buscaba.

En definitiva, a la hora de pedir una ayuda o subvención debe tenerse muy claro que no se trata de dinero que nos dan para gastarnos en lo que queramos. Existen condicionantes y normativas que hay que cumplir y respetar. Desconfíe de aquellos —políticos o no— que reparten dinero por su boca como si lloviera del cielo. Nada más lejos de la realidad.