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La transición energética que se planteaba como palanca para una intensa reactivación de la economía europea tras el golpe de la pandemia, se demuestra ahora imperiosa e imprescindible ante la incertidumbre geopolítica que ha traído la guerra, según un interesante análisis publicado en el último número de ElectroNoticias.
Está claro que el continente no puede seguir dependiendo de los intereses de terceros en un área tan sensible. Ahora es el momento de apostar, de forma aún más decidida, por las energías renovables y la autogeneración con el fin de acelerar la transición energética.
Esta es la opinión que se repite en una mayoría de foros de expertos de casi todo signo. Uno de estos ha sido el celebrado a mediados del pasado mes de marzo organizado por la empresa Prysmian. Bajo el título: “Jornada Expertos: Transición energética. Horizonte 2030”, los ponentes analizaron la situación de partida y los obstáculos más inmediatos que se plantean.
Ahora es el momento de apostar por las energías renovables y la autogeneración con el fin de acelerar la transición energética.
El consultor y especialista en energía Juanjo Catalán actuó como moderador de la jornada y vaticinó en el actual contexto que la demanda de electricidad “se multiplicará por tres”.
Fue Carlos Ballesteros, director general de ANESE, quien puso el foco en la coyuntura europea al afirmar que la energía es “una cuestión de supervivencia, ya que tenemos el 8% de la población mundial y sin embargo una cuota de consumo del 25%. Además, si no queremos renunciar a nuestra forma de vida —subrayó— la única solución pasa por liderar el cambio climático. El Green Deal es nuestra hoja de ruta”.
Coincidió Franc Comino, CEO de Webatt Energy y experto en servicios de almacenamiento energético, que puso el foco en el aspecto más social de la transición energética. “No va a haber problemas tecnológicos porque los fabricantes han hecho sus deberes, pero sí en conseguir que la gente cambie y se adapte a nuevos hábitos. Hay que hacer mucha pedagogía para concienciar” concluyó.
“Si no queremos renunciar a nuestra forma de vida, la única solución pasa por liderar el cambio climático”.
Por su parte, Pau Viella, gerente de Electrofluxe y experto en proyectos de energías renovables, señaló la necesidad de facilitar que más consumidores puedan convertirse en productores de su propia energía renovable. “La clave está en que todo el mundo tenga acceso a la tecnología y los recursos mediante una legislación adecuada, y que sea un derecho y no un privilegio", enfatizó.
Finalmente, Ainhoa Mata, de la División de Gestión Energética del ICAEN, centró el debate en torno a la necesidad de reducir la demanda energética “y una vez conseguido esto, las instalaciones deben ser eficientes y que sean las energías renovables las que cubran el máximo de demanda”.
Curiosamente, un punto de coincidencia entre varios participantes en la Jornada fue su rechazo a las políticas de subvenciones. En este sentido, Franc Comino señaló la necesidad de “implementar sistemas de medida que hagan visibles los rendimientos, haciéndolos atractivos y justificando las inversiones”.
“Si algo es amortizable no necesita subvención”, argumentó, por su parte, Carlos Ballesteros.
“No va a haber problemas tecnológicos porque los fabricantes han hecho sus deberes, pero sí en conseguir que la gente cambie y se adapte”.
Sin embargo, no parece que esta opinión sea mayoritaria en la sociedad civil ni, desde luego, entre la mayor parte de los gobiernos europeos ante fenómenos como el de la subida de los precios de la energía que está experimentando el continente. La prueba de esto son los paquetes de medidas que se están impulsando desde la práctica totalidad de las cancillerías, incluida la española.
En este sentido, la denominada “excepción ibérica” ha sido uno de los argumentos fuerza empleados por los gobiernos de España y Portugal ante la Comisión Europea. Por un lado, está el hecho de que la península sea de facto una isla energética, con un muy bajo nivel de intercambio con el resto del continente. Por otro, el mayor peso de las energías renovables en nuestro mix eléctrico en comparación con el de la mayor parte de los Estados miembro de la Unión.
Se movilizarán 16.000 millones, con 6.000 millones en ayudas y rebajas fiscales y otros 10.000 millones en créditos ICO.
El objetivo primario de la negociación era rebajar los precios de la energía, especialmente el de la electricidad, pero sin lastrar la transición hacia las renovables. En esta coyuntura, el Consejo de Ministros del pasado día 29 de marzo aprobó un Real Decreto-ley con medidas urgentes en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. El plan movilizará 16.000 millones de euros, con 6.000 millones en ayudas y rebajas fiscales y otros 10.000 millones de euros en créditos ICO.
Además de las iniciativas más populares para reducir el precio de los combustibles y de la factura eléctrica, el paquete servirá para proteger y dinamizar el tejido empresarial implicado en las energías renovables.
Uno de los bloques más importantes en este Decreto Ley en el ámbito de la energía, tiene que ver con la aceleración de la transición energética. Se trata de impulsar el empleo de los recursos del Plan de Recuperación acelerando los procesos de transición energética. Es decir, el objetivo es incrementar todo lo posible la eficiencia, el ahorro y el desarrollo de las fuentes renovables.
Para conseguirlo, el gobierno ha establecido algunas medidas regulatorias importantes. Una de ellas es una modificación extraordinaria que permitirá un procedimiento súper acelerado para la tramitación de los proyectos de hasta 75 MW de eólica y de hasta 150 MW de fotovoltaica. Esto se aplicará siempre que las instalaciones estén situadas en suelos sin una especial protección ambiental, y que además no incorporen sistemas de evacuación o cables a más de 15 kilómetros de distancia.
Habrá un procedimiento súper acelerado para la tramitación de los proyectos de hasta 75 MW de eólica y de hasta 150 MW de fotovoltaica.
Estas iniciativas se beneficiarán así de un procedimiento administrativo más ágil, consensuado con la Comisión Europea, pero que no descuida las necesarias garantías técnicas y medioambientales.
En este sentido, si los responsables competentes en materia de energía así lo determinaran, el proyecto en cuestión tendría que pasar por la tramitación completa.
Otra de las medidas tomadas con carácter de urgencia afecta a una modalidad menos conocida de la generación fotovoltaica.
Se trata de las instalaciones flotantes, para lo cual el ejecutivo ha anunciado que se modificará en breve la Ley de Aguas. De esta manera, se permitirá el despliegue de fotovoltaica flotante en masas de agua de dominio público o gestionadas por las confederaciones hidrográficas. En el momento de cerrar la presente edición de ElectroNoticias estaba prevista la salida inmediata a información pública de la nueva reglamentación.
Se modificará la Ley de Aguas para permitir el despliegue de fotovoltaica flotante en masas de agua de dominio público.
Una tercera medida que dará facilidades adicionales en materia de autoconsumo es la reserva de hasta el 10% de la capacidad en los nudos de evacuación de alta tensión. Esta podrá ser utilizada para incrementar el autoconsumo a partir de pequeñas instalaciones, como son las de los tejados en viviendas, mancomunidades, centros comerciales, etc.
Asimismo, se actualiza el régimen especial del que disfrutan las plantas que producen energía renovable para que no reciban más recursos de los que les corresponden según la legislación vigente. Esta medida permitirá liberar 1.800 millones de euros que se destinarán a reducir la parte fija de la factura eléctrica de los hogares.
En compensación, las plantas de generación renovable podrán vender su electricidad al margen del mercado mayorista a partir del 1 de enero de 2023, lo que facilitará una mayor liquidez de la electricidad a precios baratos razonables, tanto para operadores industriales como para comercializadoras que a su vez vendan electricidad a los hogares.
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