El Consejo de Ministros del pasado día 8 de marzo, a propuesta del MITECO, ha aprobado un real decreto que regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.

El decreto contribuye a completar el marco normativo de aplicación a la actividad de recarga de vehículos eléctricos, en el que trabaja intensamente el MITECO para dinamizar la movilidad sostenible y alcanzar el objetivo fijado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de disponer de 100.000 puntos de recarga pública en 2023.

Operadores y prestadores de servicios

El decreto define las dos figuras jurídicas que pueden participar en la actividad de recarga: el Operador del Punto de Recarga, titular de los derechos de explotación de las estaciones de recarga y responsable de su operación física; y la Empresa Proveedora de Servicios para la Movilidad Eléctrica, un intermediario entre los operadores y los usuarios de vehículos eléctricos, que puede prestar servicios de valor añadido a dichos usuarios.

La normativa únicamente afecta a los puntos de recarga de acceso público —no a los de particulares o de empresas para sus flotas— y establece los derechos y las obligaciones de los operadores y de los proveedores de servicios para facilitar las recargas y reforzar la protección de los usuarios.

Por ejemplo, ambos actores deberán informar sobre el origen de la energía eléctrica suministrada, además de ser responsables de la operación física de los puntos de recarga y garantizar el cumplimiento de la normativa de calidad, seguridad industrial y metrología que resulte de aplicación.

Los operadores deberán comunicar información sobre las características de las instalaciones para elaborar un mapa oficial de puntos de recarga que se hará público en los próximos meses.

Asimismo, el real decreto refuerza la obligatoriedad de la recarga puntual en estaciones de acceso público, sin que puedan establecerse barreras de naturaleza técnica o contractual, garantizando el acceso de todos los usuarios de vehículos eléctricos a la recarga y reduciendo la denominada “ansiedad de autonomía”.

El MITECO está desarrollando rápidamente un marco regulatorio incentivador del despliegue de puntos de recarga, que se complementa con las ayudas económicas con cargo al PRTR, como los 800 millones de euros del programa MOVES III.

Recientemente ha aprobado dotaciones mínimas de recarga en los aparcamientos, la opción de rebajar la fiscalidad local por parte de los ayuntamientos o la simplificación de los trámites y requerimientos administrativos para instalar nuevas estaciones de recarga, entre otras medidas de impulso.